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in     por Anna 11-05-2016
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Recurso de Inconstitucionalidad del Gobierno Central contra la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética del Parlament de Catalunya

El 29 de julio de 2015 el Parlament de Catalunya aprobó La Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, dice en su preámbulo que:

 “Esta situación de emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la vivienda. Y el sobreendeudamiento hipotecario es, de hecho, una de las problemáticas más agudas. Cataluña se ha convertido en una de las comunidades autónomas con mayor número de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2013 se iniciaron en Cataluña 98.040 procedimientos de ejecuciones hipotecarias. En muchos casos, estos procedimientos conllevan no solamente la pérdida de la vivienda habitual, sino también la adquisición de una deuda exorbitante con las entidades financieras. A la problemática de las ejecuciones hipotecarias se añaden las dificultades para afrontar el pago del alquiler: según datos judiciales, un 67% de los 16.008 desahucios que se produjeron en 2013 en Cataluña estuvieron relacionados con el impago del alquiler.”

Al mismo tiempo, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética, entendida como la dificultad para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua. Los precios de acceso a estos suministros se han vuelto inasequibles para la población. Desde 2008, la luz ha subido un 60% y el agua un promedio del 66%. El Síndic de Greuges, en el Informe sobre la pobreza energética en Cataluña, de octubre de 2013, documenta los impactos sociales, sanitarios y medioambientales de la pobreza energética, y denuncia el sobreesfuerzo que implica la acumulación de deudas vinculadas al pago de facturas del hogar. El mismo informe recuerda que, según la Encuesta de condiciones de vida correspondiente a 2011, en Cataluña hay 193.000 hogares –un 6,9% del total– que no pueden asumir el gasto de mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

Según la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas al PIDESC, el contenido del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la calefacción y la luz, y el derecho al agua y al saneamiento son reconocidos por la Observación general número 15, mientras que la Observación general número 7 incorpora como contenido del derecho a la vivienda la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de los poderes públicos a garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos afectadas por un desahucio.

Estos derechos específicos generan diferentes tipos de obligaciones para las administraciones públicas. En este sentido, la Observación general número 3 afirma que deben realizar todos los esfuerzos, hasta el máximo de recursos disponibles, para satisfacer estos derechos, otorgando prioridad a los colectivos más vulnerables, y que deben asegurarlos no solamente ante la Administración, sino también ante los abusos que puedan cometer particulares.

Muchos de estos derechos y de estas obligaciones están amparados también por la Constitución española y por el Estatuto de autonomía de Cataluña.

La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación (artículo 47), impone también a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial (artículo 33) y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general (artículo 128). Esta obligación es especialmente relevante en el caso de las entidades financieras y empresas que prestan servicios económicos de interés general, sobre todo si han sido beneficiarias de ayudas y subvenciones de carácter público.

Asimismo, el artículo 5 del Estatuto dispone que todas las personas tienen derecho a vivir libres de situaciones de explotación y maltratos, como las que, de facto, conllevan la falta de una vivienda digna, el sobreendeudamiento o la imposibilidad de acceso a suministros básicos de agua, luz y gas.

Para dar respuesta a todo ello, regula esta Ley 24/2015 en sus preceptos, medidas para dar solución, a través de un procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento que dice, serán gestionados por comisiones de sobreendeudamiento, “que actúan con sujeción al procedimiento administrativo, con amplias facultades de decisión, incluida la capacidad de establecer un plan de pagos o un plan de reestructuración de la deuda. Las resoluciones de las comisiones de sobreendeudamiento quedan sujetas a la revisión del juez competente.” Así como,  a través de un procedimiento judicial  cuando la vía extrajudicial se cierra sin haber llegado a un acuerdo, “el consumidor afectado puede solicitar la apertura del correspondiente procedimiento judicial simplificado, con el objetivo de buscar las fórmulas apropiadas para la satisfacción de las deudas derivadas de una relación de consumo, incluidas las que se derivan de la vivienda habitual.”

El Gobierno central ha presentado Recurso  de Inconstitucionalidad contra esta ley, en base a lo que establece nuestra Constitución Española en su artículo 149 y  las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, e impugna ante el Tribunal Constitucional,en concreto, los artículos que se refieren a la legislación procesal  y todo lo que se refiere al procedimiento de mediación “porque excede de  su función”,  y se prevé en  dicha ley  como requisito previo a las interposiciones de demanda.

Asimismo, la Ley 24/2015 regula las medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler y  que la Administración pueda resolver la cesión obligatoria de viviendas (por un período de tres años) para incorporarlas al Fondo de viviendas en alquiler para políticas sociales, siempre que concurran unos presupuestos previos como que sean  viviendas vacías y de propiedad de personas jurídicas y siempre que se cumplan  unas  condiciones fijadas. A lo que el gobierno Central también ha impugnado en su Recurso de Inconstitucionalidad , en base a que también es competencia exclusiva del Estado los aspectos civiles  y la aparente  “transferencia coactiva de la titularidad de la vivienda porque afecta al contenido esencial del derecho de propiedad”, que debe ser igual para todos, según explicaron desde el Gobierno Central.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,  el gobierno y 50 Diputados pueden interponer recurso , en base a lo establecido en artículo 161.2 de la Constitución Española: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional marca los plazos para interponer el Recurso ante el Tribunal constitucional, siendo de tres meses a partir de la publicación de la ley, pudiéndose alargar a otros seis meses al objeto de intentar alcanzar algún acuerdo entre ambas Administraciones cuando se trata de recurso entre Gobierno y Comunidad Autónoma, por ello, en este caso, desde 29 de julio 2015 no se interpone recurso hasta 29 de abril de 2016.

El Gobierno Central impugnó  los artículos concretos que creyó oportuno y ha dejado en suspenso la efectividad de ésta ley, pero no ha dado otra regulación que venga  a paliar sus “deficiencias”  ni  ninguna solución alternativa para estas situaciones sociales de emergencia expuestas.

Desde el Gobierno Central insistieron que no se recurre el establecimiento por las administraciones públicas de convenios con las compañías suministradoras para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares. Tampoco se recurre el principio de precaución, de manera que antes de realizar el corte de suministro se avise o se tenga un informe de los servicios sociales municipales para ver si esa persona o unidad familiar están en riesgo de exclusión residencial, ni la información por parte del suministrador de los derechos relativos a pobreza energética. Tampoco se impugnan aspectos de exclusión social en materia de disfrute de ayudas para evitar lanzamientos, o los  que permiten la garantía del adecuado realojamiento de personas y unidades familiares en situaciones de riesgo de exclusión social. Y tampoco se recurre el artículo que establece el umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual o a suministros básicos en supuestos de vulnerabilidad, ni la disposición transitoria que contiene garantías para la aplicación de esos umbrales.  Todo ello, se entiende que puede adoptarlo el Parlament de Catalunya de acuerdo con su ámbito competencial y porque no perjudican el derecho de igualdad. En todo caso, hay leyes similares en Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco que también han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional.

El martes 3 de mayo de 2016  se reunieron en el Palacio de la Generalitat miembros del Gobierno, los ayuntamientos, los partidos políticos y las entidades sociales para hacer frente a la situación.

Sin embargo, representantes de las entidades sociales fueron los que expresaron más dudas sobre las medidas que actualmente están siendo aplicadas en Cataluña, y  recordaron, por ejemplo, que la parte de la Ley 24/2015 referida a la pobreza energética no está recurrida y conviene aplicarla, y concretar fecha para que las empresas suministradoras de los servicios básicos firmen los convenios que garanticen que no se producirán cortes a los colectivos más vulnerables, ya que aun no se tiene nada firmado, ni concretado ni tan siquiera consta fecha para reunirse y tratarlo, siendo algo de competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya y que no ha sido impugnado.

Igualmente, existe y está vigente la “lleid’habitatge” aprobada por el tripartito, la 18/2007, y no se está aplicando correctamente o de manera satisfactoria para solventar estos problemas de grave pobreza.

Tres leyes más han sido también impugnadas por inconstitucionales por el gobierno Central.

Sin embargo, la cuestión política que parece existe detrás de todas estas impugnaciones no viene acompañada de ninguna solución real a la problemática  de pobreza energética y desahucios de  familias que no pueden afrontar  ni  el pago de una deuda ni  el pago de un alquiler, provocando su exclusión social.  La pugna entre la Administración central y la autonómica no debería entorpecer el encontrar  soluciones para una sociedad que está ávida de ellas, cuando recordemos, la Ley está al servicio de la justicia y de los ciudadanos.

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